El Senado de la Nación aprobó este jueves en sesión extraordinaria una reforma a la Ley de Glaciares, una de las normas ambientales más importantes de Argentina, con un resultado ajustado: 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención. La iniciativa ahora pasa a la Cámara de Diputados, donde continuará su tratamiento legislativo.
La Ley de Glaciares, vigente desde 2010, protege automáticamente todas las formaciones de hielo y zonas periglaciares registradas en el Inventario Nacional de Glaciares, impidiendo actividades como la minería o la explotación de hidrocarburos que pudieran dañarlas. El proyecto aprobado modifica esa lógica y otorga a las provincias facultades para definir y regular ellas mismas la protección de sus áreas, lo que abre la puerta a potenciales inversiones extractivas bajo argumentos de desarrollo productivo.
La votación en el pleno del Senado estuvo marcada por un fuerte cruce entre oficialismo y oposición. El bloque oficialista liderado por La Libertad Avanza consiguió los votos necesarios gracias al acompañamiento de aliados políticos, sectores de la Unión Cívica Radical, del PRO y también algunos senadores peronistas que se escindieron del bloque mayoritario. Entre quienes respaldaron la reforma figuran, por ejemplo, Carolina Losada, Rodolfo Suárez, Lucía Corpacci y Sergio Uñac, entre otros.
Del otro lado, la mayoría del bloque Justicialista tradicional y distintos legisladores de la oposición se expresaron en contra, argumentando que la reforma debilita la protección ambiental y pone en riesgo recursos hídricos clave para el futuro del país. Entre los que votaron negativamente se encuentran Maximiliano Abad, Eduardo de Pedro, Anabel Fernández Sagasti, Alicia Kirchner y Juan Luis Manzur, quienes criticaron que el cambio trasladaría la seguridad jurídica del orden nacional al criterio provincial y podría generar desigualdades en la protección de glaciares entre jurisdicciones.
La senadora Julieta Corroza (La Neuquinidad) fue la única en abstenerse en la votación, lo que también refleja las tensiones internas en algunos espacios políticos frente a este cambio normativo.
El debate atravesó la jornada con pronunciamientos apasionados en el recinto y también repercusiones fuera del Congreso. Para el oficialismo, la reforma representa una oportunidad para promover inversiones y activar la economía en provincias con potencial minero, en línea con la agenda de desarrollo productivo que impulsa el Gobierno nacional. Para amplios sectores de la oposición y agrupaciones ambientalistas, en cambio, la modificación debilita protecciones clave y podría poner en riesgo acuíferos y reservas de agua dulce, lo que genera alerta ante posibles impactos ecológicos.
Con la media sanción ya definida, el proyecto seguirá su camino en la Cámara de Diputados, donde será analizado durante las próximas semanas. Ahí se definirá si las modificaciones a la Ley de Glaciares se convierten en ley definitiva o si sufren cambios adicionales en el proceso legislativo.