El Senado de la Nación aprobó este jueves una serie de cambios a la Ley de Glaciares, una normativa clave que protege las reservas de hielo y agua de montaña en Argentina, y ahora el proyecto debe ser tratado por la Cámara de Diputados antes de convertirse en ley.
La votación en la Cámara alta fue ajustada: aprobaron el proyecto 40 senadores, 31 votaron en contra y hubo una abstención, en una sesión extraordinaria que generó cruces entre oficialismo y oposición.
El texto que recibió media sanción introduce cambios al régimen de presupuestos mínimos ambientales que regía hasta ahora, implantado por la ley sancionada en 2010. Esas reglas prohibían actividades como exploración y explotación minera o hidrocarburífera, construcción de infraestructura o manejo de sustancias peligrosas en zonas de glaciares, con el objetivo de proteger el agua como recurso estratégico.
El punto más discutido del nuevo proyecto es una modificación que otorga a cada provincia la facultad de definir y regular qué zonas de su territorio deben considerarse glaciares o ambiente periglacial, con base en criterios técnico-científicos. Esta decisión podrá tomarse excepto en aquellas áreas protegidas por otras leyes, como la de Parques Nacionales.
Ministros y legisladores del oficialismo defendieron la iniciativa argumentando que busca armonizar la normativa con la Constitución Nacional y las decisiones de la Corte Suprema, y eliminar ambigüedades que, según ellos, frenaron inversiones y generaron inseguridad jurídica. Sostienen que los recursos naturales pertenecen originariamente a las provincias y que la reforma permitirá precisiones técnicas para la identificación de las reservas hídricas.
En el recinto, senadores oficialistas afirmaron que el cambio no debilita la protección del agua ni de los glaciares, sino que la “moderniza”, y que las provincias estarán en mejores condiciones de realizar estudios de campo que complementen los inventarios nacionales.
La oposición, ambientalistas y sectores críticos rechazaron con firmeza esta postura. Argumentan que permitir que cada provincia decida por separado cómo y dónde se protegen los glaciares pone en riesgo las reservas de agua dulce y fragmenta criterios ambientales que hasta ahora eran uniformes.
Un senador opositor señaló que la iniciativa, en la práctica, debilita al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que lleva los inventarios nacionales, y cuestionó que cambiar esta jerarquía normativa podría generar desigualdad en los esfuerzos de conservación de un distrito a otro.
También hubo advertencias de que la propuesta puede entrar en conflicto con compromisos internacionales, como acuerdos comerciales que incorporan estándares ambientales, y que la inseguridad jurídica podría repeler inversiones en lugar de atraerlas.
Grupos ecologistas y organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación en los últimos meses, incluso antes de la votación, acusando al Gobierno de avanzar con un proyecto que puede “exponer a los glaciares a mayor riesgo de contaminación o desaparición” y poner en peligro el acceso al agua para millones de argentinos.
Tras la media sanción en el Senado, el proyecto ahora deberá ser analizado por la Cámara de Diputados, donde continuará el debate político y técnico. Si los diputados aprueban la propuesta, la reforma podría convertirse en ley, consolidando cambios significativos en la política ambiental y de gestión de recursos naturales de Argentina.