El sistema universitario público argentino enfrenta en 2026 una de las crisis presupuestarias más profundas de los últimos años. Según análisis de distintos sectores académicos y gremiales, el presupuesto destinado a las universidades nacionales se encuentra proyectado con una caída real cercana al 40% respecto de 2023, un retroceso que ubicaría la financiación en niveles similares a los de hace casi veinte años.
Este escenario se da en un contexto de ajustes fiscales generalizados por parte del Gobierno nacional, que durante la gestión de Javier Milei ha mantenido la negativa a aplicar plenamente la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso, norma que establecía mecanismos de actualización de recursos acorde a la inflación y a las necesidades de las casas de estudio.
El proyecto de financiamiento que el Ejecutivo presentó para 2026 modifica esa normativa vigente e introduce un esquema de actualización de partidas que, según expertos y autoridades universitarias, no supera ni siquiera la inflación proyectada para el año, consolidando las pérdidas acumuladas en 2024 y 2025.
Organismos como el Centro de Investigación de Economía Nacional (CIEN) señalan que, de considerarse la inflación esperada por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la asignación presupuestaria para las universidades estaría en un 39% por debajo de los recursos de 2023 en términos reales. Esto se traduce en una reducción de fondos destinada a salarios, gastos de funcionamiento, investigación, extensión y becas.
La caída presupuestaria se explica, en gran medida, por el deterioro de las partidas salariales para docentes y no docentes, que concentran más del 80% del ajuste acumulado. El poder adquisitivo de los salarios universitarios se ha visto seriamente afectado en los últimos años, y gremios como la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) reportan pérdidas de más del 85% de poder adquisitivo desde 2023.
Frente a esta situación, el sector universitario ha logrado visibilizar el desfinanciamiento con medidas de fuerza que incluyen paros docentes en todo el país, movilizaciones y reclamos ante los ministerios nacionales. En varias casas de estudio se desarrollaron marchas que partieron desde focos como Plaza Houssay hacia la sede del Ministerio de Educación en CABA, en demanda de una recomposición salarial y presupuesto adecuado para garantizar el normal funcionamiento de la educación superior pública.
Desde los ámbitos universitarios también se critica que el proyecto presupuestario para este año no garantiza la actualización automática por inflación de partidas clave como becas estudiantiles, funcionamiento y hospitales universitarios, bienes esenciales para la operatividad cotidiana de las instituciones.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rectores de distintas universidades han expresado su rechazo a la propuesta oficial y han remarcado la necesidad de cumplir con la ley vigente, que es vista como la única alternativa para evitar el empobrecimiento estructural de las casas de estudio.
La comunidad académica advierte además que el impacto del ajuste va más allá de los salarios: se extiende a la capacidad de las universidades de sostener investigación científica, proyectos sociales, atención en hospitales universitarios y formación de profesionales en todo el país. En provincias del interior, donde la universidad pública es un motor educativo y social, esta situación genera preocupación por la futura disponibilidad de recursos para atender a miles de estudiantes.