La medida fue formalizada a través de una resolución que le quitó el rango a los servicios TIC de “públicos, esenciales y estratégicos”. De esta manera, las tarifas no serán reguladas y las definirán las empresas de telecomunicaciones.
El gobierno de Javier Milei liberó las tarifas de Internet, celulares y cable y les quitó el rango de servicios “públicos, esenciales y estratégicos” que obligaba a las empresas de telecomunicaciones a regular los incrementos. De esta manera, a partir de ahora se eliminaron los topes de los incrementos que fijaban un límite a las empresas del 5% y de hasta el 10% mensual.
El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) informó hoy la derogación de una serie de resoluciones que regulaban los precios de los servicios de telecomunicaciones, en línea con un reciente decreto presidencial que liberaliza el sector. La medida, formalizada mediante la Resolución 13/2024, deja sin efecto múltiples normativas emitidas entre 2020 y 2023 que establecían controles de precios para servicios de internet, telefonía móvil y televisión por suscripción.
Con la nueva disposición, las empresas de telecomunicaciones tendrán vía libre para incrementar las tarifas sin topes que hasta ahora fijaban un límite de aumentos del 5% y de hasta el 10% mensual. Esta decisión responde al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 302/2024, que anuló el anterior DNU 690/2020. Este último había declarado a los servicios TIC como “servicios públicos esenciales y estratégicos”, otorgando al ENACOM la facultad de regular sus tarifas.
El Gobierno desreguló las tarifas de celular, internet y cable
En abril, el Gobierno de Javier Milei, a través de un nuevo decreto, decidió desregular las tarifas de telefonía celular, internet y cable al sustituir y derogar diversos artículos de la Ley Argentina Digital N°27.078. A partir de este nuevo cambio, se indica que los propios licenciatarios de servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) podrán fijar sus precios sin regulación alguna por la autoridad de aplicación, sin embargo -sostienen-“deberán ser justos y razonables para la ciudadanía”.
La Ley Argentina Nacional, sancionada en diciembre del 2014. declara de interés público el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las telecomunicaciones, y sus recursos asociados, estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las redes. Su objeto es posibilitar el acceso a la totalidad de los habitantes del país en condiciones geográficas y sociales equitativas “con los más altos parámetros de calidad”.
Uno de los artículos modificados es el 48, que establece como regla “que los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”; mientras que incorporó como “excepción” que la Autoridad de Aplicación podía regular las tarifas de servicios en competencia, los prestados en función del Servicio Universal y los que se determinen por razones de interés público. Este último fragmento fue eliminado por Nación.
Por otro lado, en el marco de la emergencia a causa de la pandemia del Covid-19, se realizaron diversas modificaciones a través de decretos; incluso el N°260/20, donde se suspendió cualquier aumento o modificación de los precios establecidos a lo largo de seis meses -luego ampliada en el DNU N°863/22. Dicha acción rigió para los servicios de radiodifusión, telefonía fija o movil y televisión satelital por suscripción. Mienrtas que también mencionan al decreto 690/20, que designó al ENACOM como autoridad de aplicación, estableciendo “una modificación esencial sobre sobre el marco jurídico, que debe ser corregida con el fin de salvaguardar las reglas que permitan desarrollo el desarrollo de un mercado en competencia y la libre fijación de precios de los servicios prestados”.